En 2012, la Comisión Hermanos de la agrupación HIJOS Mendoza radicó una denuncia ante la Oficina Fiscal de Asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado sobre personas que podrían ser hijas de desaparecidos, entre ellas, quien hoy sabemos es la hija de Carmen y Carlos. La Unidad de Derechos Humanos de Mendoza, junto con la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños, llevó a cabo diferentes medidas con el objetivo de determinar si la mujer, anotada como hija propia por el represor del Departamento de Informaciones (D-2) Armando Osvaldo Fernández y su esposa, Iris Yolanda Luffi, era una de las nietas que buscábamos. En octubre de 2017, fue citada para realizarse el análisis de ADN que, dos meses más tarde, confirmó que era la hija de Carlos y María del Carmen.
Casi cuatro años después, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza condenó a Fernández y a Luffi a diez y cinco años de prisión respectivamente. Abelardo Santiago Garay, otro integrante del D-2, quien falsificó su rol como testigo del nacimiento, recibió una pena de ocho años.
