Abuelas de Plaza de Mayo celebra que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) revocó la sentencia de la Cámara de Casación Penal que había convalidado el sobreseimiento de los responsables de la apropiación del nieto Manuel Gonçalves Granada: el ex titular del Juzgado de Menores del Departamento Judicial de San Nicolás, Juan Carlos Marchetti; el ex magistrado Juan Delfín Castro y los ex asesores de menores Juan Carlos Magni y Francisco García Cortina. Todos ellos intervinieron entre 1976 y 1981 en los procesos de guarda provisoria y adopción de Manuel, con la que se inició su apropiación, que cesó recién en 1997 cuando logramos restituir su verdadera identidad. Con este fallo, la Corte hizo lugar a los recursos de queja presentados por nuestra querella y la del fiscal general, Javier De Luca, obligando a que se dicte un nuevo pronunciamiento respetando los principios de verdad y justicia.

Con los votos del juez Horacio Daniel Rosatti y los conjueces Carlos Alberto Vallefin y Richar Fernando Gallego el MáximoTribunal aplicó el precedente del caso “Blaquier”, en el que sostuvo que cuando las garantías de defensa en juicio y del debido proceso, que también amparan al Ministerio Público Fiscal, se encuentran severamente cuestionadas se exige una consideración inmediata para su adecuada tutela. Es que, “lo contrario implicaría posponer el análisis de un agravio –con incierta perspectiva, y en un expediente cuya celeridad resulta especialmente relevante por tener por objeto la dilucidación de delitos de lesa humanidad”. Es así que la parálisis judicial y el archivo prematuro de las actuaciones vulneraron las obligaciones internacionales del Estado argentino de investigar y sancionar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidos durante el terrorismo de Estado.

La intervención de los agentes judiciales en la apropiación

La apropiación de Manuel se remonta al 19 de noviembre de 1976, cuando fuerzas conjuntas perpetraron una masacre en una vivienda de la calle Juan B. Justo en San Nicolás, asesinando a su mamá, Ana María del Carmen Granada y al matrimonio Amestoy-Fetollini y sus dos hijos, de cinco y tres años. El único sobreviviente del operativo fue Manuel de apenas seis meses, a quien su madre había resguardado en un ropero con almohadones. A raíz del ataque violento, en el que las fuerzas policiales y militares disparan con armas de fuego, granadas y numerosos gases lacrimógenos, Manuel fue llevado con graves problemas respiratorios al hospital de San Nicolás. Allí permaneció internado durante tres meses con custodia policial, a disposición del entonces juez de menores de San Nicolás, Juan Carlos Marchetti, con la intervención del asesor de menores Juan Carlos Magni.

A partir de ese momento se activó un engranaje de ocultamiento. A pesar de que en 1978 diversos organismos de derechos humanos acudieron al juzgado buscando a hijos de desaparecidos, Marchetti jamás informó que había tenido bajo su órbita la custodia del niño. Por el contrario, en un trámite exprés y sin agotar las diligencias necesarias para identificar al niño y ubicar a sus familiares, el 15 de febrero de 1977, el juez entregó la guarda provisoria de Manuel al matrimonio compuesto por Luis Abelino Novoa y Elena Yolanda Rodríguez, que tenían vínculos familiares con el propio magistrado. La maniobra estaba expresamente prohibida por la normativa vigente. En 1981 la pareja obtuvo la adopción plena por disposición del Juzgado Civil y Comercial N°1 de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Juan Delfín Castro y con la intervención del asesor de menores Francisco García Cortina. El expediente de guarda encuentra numerosas inconsistencias e irregularidades que permiten inferir conocimiento del juez interviniente sobre la verdadera identidad de Manuel, sin embargo, hizo entrega del niño al matrimonio Novoa-Rodríguez.

Debido a una diferencia de fechas entre la denuncia que la abuela materna, Amelia Josefina "Jolly" Vera, de Manuel había presentado en Abuelas y la fecha real de su desaparición, la investigación estaba estancada en la institución. Pero, en 1995, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró identificar a través del entrecruzamiento de huellas dactiloscópicas los restos de Ana María que se encontraron en el osario público del Cementerio de San Nicolás. Ese mismo año, el EAAF localizó a Manuel. En 1997, el joven se realizó los análisis inmunogenéticos que confirmaron que es hijo de María del Carmen Granada y de Gastón Roberto José Gonçalves -secuestrado, torturado y asesinado por el ex comisario Luis Abelardo Patti en 1976. Manuel restituyó su verdadera identidad y pudo reencontrarse con su familia. Desde entonces se sumó a la lucha por encontrar a otros nietos y nietas desaparecidos y hoy es el secretario de Abuelas de Plaza de Mayo.

La causa

Durante años la causa penal contra el exmagistrado Juan Carlos Marchetti, impulsada por el fiscal de San Nicolás de los arroyos, Juan Patricio Murray, enfrentó una fuerte resistencia corporativa. El juez federal de Instrucción de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, dictó el sobreseimiento de Marchetti en dos oportunidades sin siquiera haberlo citado a declarar en indagatoria. Aunque estas resoluciones fueron revocadas sucesivamente por la Cámara Federal de Rosario, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal —con los votos de Eduardo Riggi y Mariano Borinsky— volvió a correr de la cuestión neurálgica al exmagistrado y dictó el sobreseimiento de todos los imputados de manera anticipada y arbitraria, cancelando la investigación de un crimen de lesa humanidad como la apropiación de menores en dictadura. En este sentido, la Cámara de Casación Penal había desestimado los argumentos de nuestra querella y del Ministerio Público Fiscal quienes sostuvimos lo inadmisible del recurso de la defensa, y que existían argumentos suficientes para realizar, al menos, el primer acto procesal, como es el llamado a indagatoria de quienes intervinieron en la guarda y adopción ilegal de Manuel.

Contra esta resolución de la Casación, la querella de Abuelas y el Ministerio Público Fiscal, representado por Javier De Luca interpusimos recursos extraordinarios federales, que fueron denegados el 11 de septiembre de 2017. Entonces, insistimos con los recursos de queja denunciando una manifiesta arbitrariedad, la omisión de pruebas determinantes y el descarte infundado de elementos centrales del expediente. También sostuvimos que la sustracción de la identidad de un menor es un delito continuo y permanente, cuya ejecución se prolonga en el tiempo hasta que aparece la víctima, imposibilitando cualquier declaración de prescripción.

Contando con el dictamen favorable del procurador Eduardo Ezequiel Casal, el viernes último, con los votos del juez Horacio Daniel Rosatti y los conjueces Carlos Alberto Vallefin y Richar Fernando Gallego la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a las quejas, declaró procedentes los recursos extraordinarios y ordenó que se dicte un pronunciamiento nuevo, dejando sin efecto el sobreseimiento que se había dispuesto respecto de todos los acusados.

Esta resolución judicial abre camino para que finalmente se investigue la responsabilidad y participación de magistardos/as, funcionarios/as y personal judicial en el plan sistemático de apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de Estado. De los 140 casos resueltos hay 30 en los que personal judicial intervino a través de guardas, internaciones y adopciones.

Hoy estamos un poquito más cerca de hacer justicia por Manuel y esperanzados de que este precedente traiga luz a otras causas similares, las más difíciles de desentrañar por la complicidad y el silencio. El fallo se trata de una resolución clave para las causas de lesa humanidad en el país.